Corte de Apelaciones ordena que Colegio de Quilpué debe reincorporar a alumna expulsada
octubre 19, 2011
La joven Lídice Carreño, representada por el abogado Alejandro Chaparro, había sido expulsada por liderar las movilizaciones estudiantiles de su establecimiento.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto por el abogado Alejandro Chaparro en favor de la joven Lídice Carreño contra el colegio Carlo Magno de Quilpue, establecimiento que decidió expulsarla de forma arbitraria e ilegal por haber liderado las movilizaciones estudiantiles de su colegio y haber caricaturizado la insignia del mismo.
Lo anterior se traduce en que el Tribunal de alzada porteño deja sin efecto la medida del colegio quilpueíno y ordena reincorprar a la joven a clases, ya que según especifica el fallo “se deja sin efecto la medida de cancelación de matrícula de la nombrada alumna, debiendo los recurridos (el colegio) reintegrar a clases a la mencionada educando, a fin de que esta continúe con sus estudios de segundo año medio, que actualmente cursa".
El fallo consideró que se había infrigido la garantía de debido proceso, ya que la expulsión de Lídice no se había seguido el procedimiento establecido en el Manual de Convicencia del propio colegio.
Respecto del hecho de haber caricaturizado la isignia del Colegio, modificándola y colocándole el nombre de "Carcelmagno" y como lema "lucramos con la eduación” en su sitio privado de facebook, el fallo considera que si bien es un hecho reprochable, esto no es suficiente para ordenar una medida extrema como es la cancelación de la matricula de la joven.
La Corte consideró además que resultaba ilusorio que de todos los alumnos que participaron en la toma del Colegio, la investigación se haya dirigido solamente contra Lídice Carreño, ante lo cual señala que “es ilusorio pensar que una persona, sin ayuda externa pudiera sacar el mobiliario al patio, poner sillas en las rejas del colegio, dar vuelta mesas y apoyarlas sobre los ventanales del colegio, sin involucrar en la investigación a otros alumnos participantes".
Al respecto, el abogado Alejandro Chaparro indicó que “' la resolución hace justicia a una situación que era del todo ilegal y marca un precedente para que el resto de los establecimientos municipales no apliquen este tipo de medidas arbitrarias en contra de los jóvenes que lo único que hacen es ejercer su derecho constitucional a manifestarse”.