Una querella criminal contra quienes resulten responsables del delito de detención ilegal al interior de un supermercado, presentó esta mañana el abogado Alejandro Chaparro, junto al diputado Rodrigo González, por los hechos registrados el pasado 21 de diciembre y que afectaron a un niño de 10 años de edad.

Pasadas las 21.00 horas el menor de iniciales I.G.A. se encontraba junto a su madre en el Hipermercado Líder de la calle 15 Norte de Viña del Mar, momentos en los que el niño se dirigió al baño del recinto. Sin embargo, al momento de pasar por las cajas del recinto comercial, un guardia lo detuvo y lo acusó en forma inmediata de estar robando, tratándolo tanto verbal como físicamente de muy mala manera, insistiendo en que entregara lo sustraído.

El niño – que nunca había pasado por una situación similar – reaccionó con miedo y vergüenza, razón por lo cual ante la prepotencia con que fue tratado y la violencia que se ejerció en su contra, se defecó completamente, a la vista de todo quienes transitaban por aquel lugar, siendo humillado y denostado públicamente.

Después de varios minutos de permanecer detenido por el guardia del supermercado, el menor fue dejado en libertad, contando lo sucedido a su madre, quien lo esperaba en otro sector del centro comercial.

Al respecto, el abogado Alejandro Chaparro explicó que “con esta querella lo que busca mi mandante es que se castigue con el máximo de la pena que consagra la Ley estos graves hechos; pero también busca que situaciones como éstas, que afectan la integridad y la honra de las personas, pero que en particular involucra a un niño, no se vuelvan a repetir. Los grandes centros comerciales deben poner término a este tipo de ilegales prácticas, hoy se detiene ilegalmente gente inocente y ni siquiera le piden disculpas y es por eso que veo con muy buenos ojos propuestas como la del Diputado Rodrigo González, quién ha señalado la necesidad de regular el actuar de estos guardias de seguridad y también la responsabilidad de estos centros comerciales frente al actuar ilegal de su personal de seguridad".

Tras el incidente, la madre del niño habló con el guardia involucrado, quien le señaló que “había sido mandado por su jefe”. Posteriormente solicitó hablar con él y con el administrador del Hipermercado Líder, quienes sólo se disculparon por el hecho, sin entregar una solución para el perjuicio causado, motivo por el cual el hecho fue denunciado a Carabineros.

Denuncian en Fiscalía Militar agresiones y abusos de Carabineros a tres jóvenes tras Festival del Fin del Mundo

Se trata de las lesiones cometidas contra las hermanas Lidice y Sinsi Carreño, además de Vania Frugone, quienes tras asistir al espectáculo fueron detenidas y agredidas por persona policial en el lugar, al interior del bus institucional y posteriormente en la comisaría.

El abogado Alejandro Chaparro destacó que “Carabineros, en una situación inexplicable, acometió agresivamente contra las jóvenes causándole lesiones gravísimas, lo que se acredita mediante las fotografías que acompañamos en esta presentación a la Fiscalía. Ellas además denuncian que sufrieron el menoscabo de su persona, en particular abusos deshonestos por parte de funcionarios de Carabineros, lo que es gravísimo. Creemos que existe un desequilibrio por parte de la autoridad policial, se reprime a jóvenes que van a estos espectáculos, se reprime desmedidamente a jóvenes que se manifiestan y los delincuentes en este país andan libres por las calles”.

La acción busca denunciar los delitos que se cometieron, correspondiendo a infracciones al código de justicia militar y al reglamento de Carabineros, sumado a la desproporción del actuar policial.

Respecto a las posibles sanciones que arriesgan los responsables de estos hechos, Chaparro sostuvo que “existen sanciones de carácter administrativo, pero consideramos que los hechos son tan graves como para que sean destituidos, y también sanciones de carácter penal. Acá es muy simple que las acciones las asuman carabineros de menor rango, que son la parte mas delgada de la cadena; pero aquí también corresponde que asuman su responsabilidad los oficiales y las autoridades políticas que dan las ordenes de reprimir como se está haciendo”.

Carabineros sin identificación
El profesional agregó que “mis mandantes tienen identificadas a algunas de las personas que participaron en estos hechos, porque en un comienzo tenían sus nombres, pero posteriormente fueron sacados, pero como recuerdan a quienes intervinieron, serán citados a declarar en su oportunidad y practicaremos los careos que correspondan”.

Lidice Carreño, una de las afectadas por la acción policial, relató que Carabineros se encontraba en las afueras del recinto, impidiendo el paso de quienes se retiraban del lugar, cuando comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas sin ninguna explicación.

“Me golpearon, me tiraron al piso, estos carabineros de Fuerzas Especiales me arrastraron hacia el bus policial, y en las escaleras se produjo un abuso sexual contra mí, una vez arriba nos siguieron golpeando con la luz apagada, y ellos estaban sin identificación. En total fueron tres golpizas, en la comisaría nos siguieron golpeando y después fueron liberadas a las 04.00 de la madrugada. Al momento de constatar lesiones el médico no me preguntó mayormente, al día siguiente fui nuevamente y ahí se hizo un chequeo completo de todas las lesiones”, indicó la afectada.

Por su parte, su hermana, Sinsi Carreño, sostuvo que “Fue mucho golpe, mucho abuso, estamos muy mal sicológicamente, yo lo único que quiero es que esas personas no vuelvan a salir nunca más a ala calle, porque son un peligroso, no pueden estar en un cargo público, queremos justicia. Hace cinco años que vamos al Festival y nunca había pasado esto, nunca había Fuerzas Especiales afuera, bloqueando la salida y lanzando lacrimógenas. En la micro iban como tres o catorce carabineros, a cargo de dos tenientes. Teníamos a cuatro carabineros golpeándonos a cada una”.

Las tres afectadas dieron prestaron declaración en forma inmediata en la Fiscalía Militar porteña.
 

Presentan querella criminal por defraudación y estafa contra el instituto INCACEA de Viña del Mar

En total son cerca de 120 los estudiantes que no seguirán cursando sus estudios superiores en el establecimiento, de propiedad de la Universidad Autónoma, siendo uno de sus dueños el actual ministro de justicia, Teodoro Ribera Neumann.

Al respecto, el abogado Alejandro Chaparro señaló que “la idea es denunciar a los tribunales de justicia, y para que investigue la Fiscalía, porque mis mandantes consideran que existe una defraudación, una estafa, por parte de los máximos representantes del instituto INCACEA, en particular por los sostenedores del establecimiento que son la Universidad Autónoma y sus dueños”.

El pasado viernes 6 de enero se le habría notificado a la directora del instituto viñamarino, por vía telefónica, el cierre de la sede, el que posteriormente se hizo efectivo con el traslado del mobiliario, sin que se cumpliera la obligación del compromiso contractual con los estudiantes.

“Mis representados señalan que se les ha engañado, se les ha dicho que se van a realizar modificaciones, propuestas y arreglos al desarrollo de su proceso educativo, y al momento de intentar la acreditación esta no fue lograda, por lo tanto se ha decidido el cierre de la sede Viña del Mar y han dejado sin respuesta a sus estudiantes, pese a que muchos ya han pagado su colegiatura y muchos han obtenidos créditos estatales y becas que ya han sido pagadas al instituto”, sostuvo Chaparro.

El abogado destacó que pese a que las penalidades por defraudaciones son bajas, “de existir un delito las autoridades deben responder penal y patrimonialmente, la idea no es iniciar una cacería de brujas en contra de las autoridades, lo que se busca es una reparación justa y una respuesta. La mayoría son mujeres y hombres jóvenes que están buscando una formación y que desean de parte del instituto que se les cumpla con su contrato; mis mandantes quieren que se repare y que no se frustre el sueño que tienen de ser profesionales”.

Por su parte, la vocera de los estudiantes afectados, Alejandra Chávez, indicó que “se avisó que se cerraba, nosotros nos enteramos a través de una jefa de carrera, vimos con nuestros propios ojos como se desalojaba el instituto, como se llevaban todas las cosas hacia Santiago, sabemos por boca de los profesores que los despidieron a todos, y esta gente tiene el descaro de estar llamando uno a uno a los estudiantes y decir que esto es una remodelación, llamando a matricularnos y subiendo las colegiaturas”.

La estudiante agregó que “hay gente que tiene créditos del Estado, becas, créditos internos del instituto, hay otros que no han terminado de pagar y han repactado su colegiatura. Esperamos poder terminar nuestros estudios, creo que la mayoría ya no en INCACEA por loo que ha pasado, y que se repare el daño hecho”.

Finalmente el diputado Rodrigo González llamó al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, a asumir su responsabilidad en este caso, y dar una respuesta al centenar de estudiantes que no podrá continuar con sus estudios en el instituto viñamarino.
 

Presentan demanda por $100 millones contra Jumbo por no pagar prestaciones a sus trabajadores

De acuerdo a lo señalado por el abogado, desde la inauguración de este supermercado se obliga a los trabajadores a llegar entre 15 y 20 minutos antes del inicio de su jornada laboral, y al término de esta deben quedarse entre 15 minutos y media hora después para cambiarse de ropa.

“Este tiempo en que entran antes al trabajo y salen después de la jornada no se los pagan, traduciéndose entre 3 a 4 horas semanales las que no son canceladas. Creemos que es una injusticia que debe ser reparada con la intervención de los tribunales, ya que ha sido la Inspección del Trabajo la que en tres oportunidades durante el 2011 le ha cursado multas a la empresa y esta no ha querido cumplir con esta obligación que tiene con los trabajadores”, indicó Alejandro Chaparro.

Sólo durante el año pasado la Inspección del Trabajo curso tres multas a la sucursal de Viña del Mar por este mismo caso, oportunidad en que la empresa canceló los montos, manteniendo la práctica que no sería única de esta ciudad.

“Entendemos que esta es una situación que se registra no solamente en Viña del Mar, sino que también en el resto de la región de Valparaíso y en distintos puntos del país. Creemos que una cadena tan importante como es Jumbo debe hacerse responsable del pago de todas las prestaciones de los trabajadores, se les debe cancelar hasta el último minuto que trabajan”, sostuvo Alejandro Chaparro.

Por su parte, la presidenta del sindicato Jumbo de la Ciudad Jardín, Priscila Neira, destacó que “hemos tratado este tema durante meses a través de mesas de trabajo y conversaciones con la empresa, pero lamentablemente hemos llegado hasta estas instancias porque no se han querido cancelar las prestaciones que se le adeudan a los trabajadores. Estas grandes cadenas operan casi al margen de la normativa vigente”.

La jurisprudencia de los tribunales y de la Inspección del Trabajo establecen que es el empleador el que debe cancelar esta obligación, por lo que corresponde que cancele esta prestación, ya sea con horas extraordinarias o con descanso.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto por el abogado Alejandro Chaparro en favor de la joven Lídice Carreño contra el colegio Carlo Magno de Quilpue, establecimiento que decidió expulsarla de forma arbitraria e ilegal por haber liderado las movilizaciones estudiantiles de su colegio y haber caricaturizado la insignia del mismo.
Lo anterior se traduce en que el Tribunal de alzada porteño deja sin efecto la medida del colegio quilpueíno y ordena reincorprar a la joven a clases, ya que según especifica el fallo “se deja sin efecto la medida de cancelación de matrícula de la nombrada alumna, debiendo los recurridos (el colegio) reintegrar a clases a la mencionada educando, a fin de que esta continúe con sus estudios de segundo año medio, que actualmente cursa".
El fallo consideró que se había infrigido la garantía de debido proceso, ya que la expulsión de Lídice no se había seguido el procedimiento establecido en el Manual de Convicencia del propio colegio.
Respecto del hecho de haber caricaturizado la isignia del Colegio, modificándola y colocándole el nombre de "Carcelmagno" y como lema "lucramos con la eduación” en su sitio privado de facebook, el fallo considera que si bien es un hecho reprochable, esto no es suficiente para ordenar una medida extrema como es la cancelación de la matricula de la joven.
La Corte consideró además que resultaba ilusorio que de todos los alumnos que participaron en la toma del Colegio, la investigación se haya dirigido solamente contra Lídice Carreño, ante lo cual señala que “es ilusorio pensar que una persona, sin ayuda externa pudiera sacar el mobiliario al patio, poner sillas en las rejas del colegio, dar vuelta mesas y apoyarlas sobre los ventanales del colegio, sin involucrar en la investigación a otros alumnos participantes".
Al respecto, el abogado Alejandro Chaparro indicó que “' la resolución hace justicia a una situación que era del todo ilegal y marca un precedente para que el resto de los establecimientos municipales no apliquen este tipo de medidas arbitrarias en contra de los jóvenes que lo único que hacen es ejercer su derecho constitucional a manifestarse”.

El Abogado Alejandro Chaparro, en representación del Senador Francisco Chahuán, el diputado Rodrigo González, y los alcaldes de Concón y Quintero, además de organizaciones vecinales, presentó acción en la Fiscalía Regional para iniciar una investigación. 

Un denuncia criminal contra todos los que resulten responsables de la contaminación del agua potable en de Viña del Mar, Concón y Quintero presentó esta mañana en la Fiscalía Regional el abogado Alejandro Chaparro, patrocinando al senador Francisco Chahúan, al diputado Rodrigo González, y los alcaldes de Quinero y Concón, José Varas y Jorge Valdovinos, además de organizaciones vecinas de las comunas antes mencionadas.

Hace cerca de tres semanas el agua potable comenzó a presentar un olor y color distinto al habitual, acompañado de un sabor diferente, causando la preocupación de los habitantes de las tres comunas.

Por este motivo, la acción busca además de iniciar una investigación determinar la posible participación de terceros en esta contaminación.

“El objetivo es dar impulso a la investigación por parte de la Fiscalía Regional, porque este es una hecho grave, los vecinos de Concón vienen desde hace un tiempo su friendo de la contaminación del agua potable, de la presencia de estos elementos biológicos o químicos que desconocemos, que han tornado de color gris el agua y que además impide que sea ingerida. Por eso, lo que se pretenden es que se investigue la intervención de terceros en esta contaminación en Concón, Quintero y Viña del Mar”, destacó el abogado Alejandro Chaparro.

Producto de esta situación, también se han registrado mayores atenciones en consultorios producto de indigestión, las que estarían relacionada con la contaminación del agua.

“Los vecinos de Quintero, Concón y los de Viña del Mar, al igual que los de todo Chile, tienen derecho a tener agua potable que cumpla con todas sus características, y creemos que hoy se puede apreciar que hay un agua con fuerte olor, con carácter mohoso, y queremos que ser investigue si esta agua es bebestible y si no produce perjuicios para la salud de la población”, sostuvo el senador Francisco Chahuán.

Juan Manuel Bustamante Toledo solicitó un crédito hipotecario en el Banco
de Chile y fue discriminado por ser considerado, por esta entidad bancaria,
como un obeso mórbido, a pesar que todos los exámenes a los cuales fue
sometido demostraban que es una persona sana.

Valparaíso, martes 2 de agosto.- Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso
llegó esta mañana el abogado Alejandro Chaparro Uribe para interponer un
recurso de protección a favor de su cliente Juan Manuel Bustamente Toledo,
de 35 años de edad, quien fue discriminado por el Banco de Chile, entidad
que lo privó de obtener un crédito hipotecario argumentando que se trataba
de una persona obesa.

Bustamente, en el mes de mayo de 2011, se acercó hasta la sucursal del
Banco de Chile ubicada en Calle Prat en Valparaíso y al Banco CrediChile,
filial del Banco de Chile, en su sucursal de Viña del Mar, para realizar los
trámites necesarios para conseguir el sueño de casa propia, lo que lo obligó
a someterse a los diversos requerimientos médicos que el banco solicitó
a fin de descartar enfermedades pre-existentes en vista a la contratación
del respectivo seguro de desgravamen ligado al crédito hipotecario al cual
postulaba.

Estos exámenes, pruebas de sangre, orina u otros, arrojaron resultaron
acordes con una persona sana, tal como consta en Informe de Médico
Tratamiento que se acompañó en el recurso de protección, descartando la
presencia de alguna enfermedad pre-existente.

A pesar de estos resultados, finalmente el día 7 de julio se le informó que,
para la institución bancaria, la obesidad es una enfermedad pre-existente
incompatible con el otorgamiento de un crédito hipotecario.

“Pese a que apelamos, nuevamente el Banco de Chile se negó. Yo encuentro
que se trata de una abierta discriminación hacia mi persona, pese a que
me encuentro en tratamiento y hoy peso 105 kilos. Todo esto significó que
perdiera la casa que quería comprar, pues las resoluciones y sus tiempos
obligaron a la dueña de la casa a vender el inmueble a otra persona. Lamento
mucho que esto ocurra con el Banco de la Teletón, ya que ellos están
abiertamente discriminando a una persona”, afirmó Juan Bustamante.

Esta acción judicial busca que se deje sin efecto la medida discriminatoria
de negar seguro de desgravamen para la obtención del Crédito Hipotecario,
ya que según explicó el abogado Alejandro Chaparro “el Banco de Chile a
violentado su garantía de constitucional de igualdad ante la ley y sienta
un muy mal precedente que obliga a revisar este tipo de políticas de
financiamiento. Además que se afecta gravemente la salud física y sicológica
de mi cliente y por ello se ejercerán las acciones civiles en su oportunidad,
ya que se debe resarcir el perjuicio, ya que con todo esto el perdió la
oportunidad de adquirir su vivienda”.

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Dos ex suboficiales de la Armada, representados por el abogado Alejandro Chaparro, presentaron la acción judicial luego de que se comprobara que ambos padecen de una enfermedad pulmonar crónica denominada Asbestosis.

Lunes 13 de junio de 2011.- El abogado Alejandro Chaparro junto a los ex suboficiales de la Armada de Chile, Juan Inostroza y Gustavo Donoso, concurrieron esta mañana a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar una demanda civil por mil millones de pesos contra este organismo, representado por el Fisco de Chile, ya que en razón de su trabajo al interior de diversos buques de la Armada de Chile han contraído la enfermedad pulmonar crónica denominada Asbestosis.

Tanto Inostroza como Donoso mientras se encontraban en servicio activo, desde finales de los años 60 y hasta su salida en retiro, no presentaron malestares algunos, sin embargo desde el año 2000 en adelante comenzaron a presentar diversas molestias que los obligaron a someterse a diversos tratamientos, examenes y operaciones, confirmandse en definitiva el diagnosticos de placas pleurales calcificadas como consecuencia de la inhalacion de asbesto

“Cada una de las personas que sufre perjuicios por parte del Fisco debe ser reparado por el mismo. Ellos son funcionarios públicos qu prestaron servicio por más de 30 años a la Armada de Chile y es por ello que están sufriendo con una grave patología que los tiene en una grave situación de salud que les puede provocar la muerte”, señaló el abogado Alejandro Chaparro.

Afectados quieres justicia

Los demandantes de este caso Juan Inistroza y Gonzalo Donoso, apuntaron sus dardos a la negligencia que la Armada de Chile ha cometido reiteradamente, ya que en ningun momento recibieron protección o advetencias respecto de los riesgos que había al realizar esas labores.

“En la Armada nunca se dio la protección para trabajar en los salones de caldera y en los entrepuentes, donde dormía uno. El asbesto está prohibido desde el año 1968 en Chile y de igual forma la Armada tiene buques con asbesto que están funcionando. Yo se de 14 personas que están en esta condición y que da pena verlos con tubos de oxígenos. Nosotros le prestamos un servicio a la Armada y ellos deberian ponerse una mano en el corazón y respondernos como tal”, afirmó Juan Inostroza.

En tanto Gonzalo Donoso señaló que “fui operado en el 2008 y me sacaron dos nódulos con asbesto, pero tengo los pulmones totalmente contaminados. Nunca la Armada nos instruyó ni nos alertó que la asbestosis era una enfernedad cancerigena y contagiosa”.

CU ABOGADO ALEJANDRO CHAPARRO ASBESTO

Se trata de la muerte de una mujer a causa de un cáncer, pese a que fue diagnosticada en varias oportunidades por artritis; y de un menor que perdió la visión de un ojo por no se tratado como debía tras un accidente

Dos querellas criminales contra quienes resulten responsables de dos negligencias médicas registradas en consultorios de Viña de Mar, fueron presentadas esta mañana en el Tribunal de Garantía de la Ciudad Jardín por la abogada Francisca Sánchez, del Estudio Jurídico del Abogado Alejandro Chaparro, patrocinando a los afectados y al Diputado Rodrigo González.

El primero de los casos afectó a Alejandrina Vega, quien fue atendida en reiteradas oportunidades en el Consultorio de El Olivar, diagnosticándole artrosis, y otras dolencias leves; sin embargo, al momento de tener una crisis y recibir atención privada, se le detectó una masa extraña en su riñón, resultando ser un tumor metastásico, que poco tiempo después le provocó la muerte. Actualmente existe un sumario con anotación de demerito para las facultativas denunciadas.

Su esposo, Gastón Montenegro, destacó que “finalmente la llevé a un recinto privado y ahí descubrieron que tenía un tumor en el riñón”

El segundo caso se refiere a la pérdida de la visión de su ojo izquierdo del menor B.S., quien al jugar con dardo plástico se pegó, siendo llevado de urgencia al SAPU de Miraflores Alto, lugar donde sólo le recetaron gotas para los ojos. A los 10 días siguió el niño con dolor y los padres resolvieron llevarlo de urgencia al hospital Gustavo Fricke, del cual al día siguiente lo derivaron al Salvador para ser operado de su ojo.

Abogado Alejandro Chaparro sostuvo que se trató de un homicidio calificado y no de un “crimen pasional” como sostiene la Fiscalía.

En diciembre del año pasado, Ramón Saa Saldivia desapareció. Sus familiares y amigos lo buscaron infructuosamente pero no lograron dar con su paradero. Fue en el mes de abril cuando la investigación de la PDI dio luces sobre una supuesta relación homosexual con Pablo Valencia, domiciliado en Santiago.

Éste confesó que junto a la víctima y el ex carabinero Ángel Núñez habían estado bebiendo, situación que habría generado una pelea que finalmente terminó con la vida de Ramón Saa.

El cuerpo del joven habría sido descuartizado y quemado para borrar todas las huellas del crimen. Los autores fueron detenidos y la investigación en curso.

Sin embargo, para la madre de Ramón, Elizabeth Saldivia, el proceso no ha sido fácil, ya que diversos trámites judiciales han impedido que ella pueda recibir los restos de su hijo. “Yo sólo quiero justicia. Quiero que me entreguen a mi hijo y poder darle una sepultura como corresponde”, dijo la madre.

Ante esto se presentó una querella criminal contra los responsables con el fin de agilizar el proceso, principalmente porque la Fiscalía está considerando este caso como un “crimen pasional”, apreciación que no es compartida por los abogados defensores.

“Esta querella que presentamos es por homicidio calificado, ya que creemos que los autores de este hecho se concertaron y planificaron el crimen, a diferencia de un crimen pasional donde por un motivo de arrebato se podría llevar a cabo un ilícito”, dijo el abogado patrocinante Alejandro Chaparro.

La familia de Ramón Saa está en la espera de los peritajes correspondientes para que los restos del joven sean entregados mientras continúa la investigación.

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